(primeraedicoinweb.com.ar) El Gobierno gastó más de 7 billones de pesos durante el año pasado en ese ítem. La ayuda estatal está repartida en diez ministerios. Una foto de la pobreza, la falta de empleo y el hambre en la Argentina.

El gasto social en la Argentina sigue creciendo, pero las necesidades de los sectores más vulnerables no descienden. El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández invirtió más de siete billones de pesos a través de 141 “planes y programas sociales” administrados a través de diez ministerios.

Esa cifra, exactamente $7.016.996.580.588, representó, según datos abiertos del Ministerio de Economía, más del 60% del presupuesto total que fue de $11.000.407.000.000. Si se lo compara con el presupuesto ejecutado en 2020, la cifra toma aún más relevancia. Ese año, el “total del gasto social” fue de $4.715.984.206.280 y en los doce meses previos, en 2019, antes que arrecie la epidemia del nuevo coronavirus, la cifra no llegaba al billón de pesos: la inversión fue de $90.151.113.235.

Por entonces, los analistas del Palacio de Hacienda razonaron: “El gasto social pasó de representar un 59,4% del total de la Administración Nacional en 2019 al 67,4% en 2020 lo que significa un récord en términos absolutos y relativos”.

Una cifra nimia comparados con los siete billones de pesos de 2021, cuando el COVID-19 ya no arreciaba, pero el manejo sanitario, social y político de la pandemia mundial dejó en la Argentina secuelas económicas muy graves entre la población más vulnerable.

La inversión en servicios sociales del Gobierno fue, en promedio, de un 48,8% más que en el año 2020. Es decir, menos que la inflación, que llegó al 50,9%. Sin embargo, algunas partidas presupuestarias fueron muy superiores a ese valor. Por ejemplo, las Políticas Alimentarias y el programa Potenciar Trabajo crecieron un 179,1% comparado con 2020.

La evolución histórica de los programas sociales en la Argentina es ascendente. Sólo los planes de empleo, entre los beneficiarios de 1999 a la actualidad, aumentó a casi el doble.

La exposición de estas cifras oficiales sobre la ejecución presupuestaria en gasto social no es una toma de posición sobre si el presupuesto que destinó Alberto Fernández para los sectores más empobrecidos y vulnerables de la sociedad es mucho o poco. Es una foto de la situación por la que atraviesa el país donde todo lo que se invierte en comida y planes sociales parece poco por la inflación que no se detiene y los puestos de trabajo que faltan, entre otras calamidades como la pobreza y la indigencia.

No hay datos certeros, precisos y oficiales sobre la cantidad de beneficiarios de los planes de empleo desde ese comienzo hasta la fecha. Sí se pueden tomar dos datos documentados. La cantidad de beneficiarios aprobados en los programas Trabajar II y III, que se ejecutaron entre los años 1997 y 1999, era de 649.896 beneficiarios.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó de manera oficial a este medio que, hasta el mes pasado, el programa Potenciar Trabajo tiene registrados 1.200.000 beneficiarios, casi 100% más. Y con un agravante: si se abriera el programa y se aceptaran a todas las personas en condiciones de ingresar al beneficio, el número, como mínimo, podría cuatriplicarse.

Zabaleta, el ministro que mayor manejo tiene

Los 141 programas sociales o planes están repartidos en diez de los 20 ministerios del Gabinete nacional. La Guía de Programas Sociales discrimina a cada uno de ellos y describe los objetivos centrales que deberían llevar adelante.

El Ministerio que más programas tiene bajo su responsabilidad es Desarrollo Social. Son 85. Juan Zabaleta recibió el año pasado un presupuesto de $522.369 millones.

La mayor parte se destinó a las Políticas Alimentarias, $244.789 millones; y Potenciar Trabajo con un presupuesto ejecutado de $226.557 millones.

En ese contexto, explicaron al portal Infobae desde la cartera de Martín Guzmán, “el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha definido cuatro ejes prioritarios que incluyen políticas y programas para dar respuesta a las principales problemáticas sociales de nuestro país” y enumeraron:
-Argentina Contra el Hambre: Políticas de Seguridad y Soberanía Alimentaria, cuyo “objetivo es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población argentina, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social”.
-Políticas de Inclusión Laboral, de Ampliación de Acceso al Crédito no Bancario y Finanzas Solidaria.
-Políticas de Cuidado para Niños, Niñas, Adolescentes, Adultos Mayores con Eje en el Territorio y la Comunidad.
-Políticas de Protección Social para las Poblaciones más Vulnerables y Acompañamiento en situaciones de Emergencia y destaca que: “Agrupa todas las iniciativas y programas orientados a la protección social destinada a asistir a aquellos hogares y poblaciones en situaciones de extrema vulnerabilidad y situaciones de catástrofes y emergencia social, económica y de salud”.

La vedette de Argentina Contra el Hambre es la “Tarjeta Alimentar. Programa Nacional de Seguridad Alimentaria”.