(elterritorio.com.ar) Así lo solicitó el fiscal Diego Luciani, quien acusa a la vicepresidenta de ser “jefa de la asociación ilícita” y haber cometido el delito de administración fraudulenta.

La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió ayer que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.

El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la “jefa de la asociación ilícita”, a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.

Luciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti.

Antes de solicitar las condenas, el fiscal le habló a los jueces y utilizó su tiempo también para referirse al impacto de la corrupción: “Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza”.

“Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia”, añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar “orgullosa” del trabajo de la fiscalía.

El representante del ministerio público fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.

“Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, aseguró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.

Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.

Los párrafos más críticos se los dedicó a la exmandataria, a quien acusó de haber defraudado “las expectativas de los ciudadanos que la votaron” y a quien le espetó el haber “demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial”.

También, antes de pasar al “petitorio”, el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investigan posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.

Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz. Carlos Wagner declaró en el juicio como testigo.

Luciani requirió también que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de WhatsApp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.

Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizado como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito.

En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y consideró que “se intentó esconder la corrupción” y que “en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política” porque “se optó por eludirla”.

En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera pidiera la absolución de los acusados y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió “la historia” cuando “bien sabe que es el Poder Judicial” la institución encargada de enjuiciarla.

Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19.000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido “puerilmente a su compañera de fórmula” cuando le tocó declarar en calidad de testigo.

El fiscal buscó achacarle que, antes de ser presidente, se hubiera referido en forma crítica, en público, a supuestos temas de corrupción vinculados a la gestión kirchneristas -sobre todo después de la detención de José López- y que en el juicio al que fue convocado hubiera declarado en distinta dirección.

“No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”, dijo Luciani en alusión al presidente de la Nación.

Desestiman pedido de CFK

Antes de conocerse el pedido de condena, la vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria y así lo informó en sus redes sociales. “He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.

Y agregó que tomó esa decisión “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel”. Incluso, dijo que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.

Sin embargo, luego de un cuarto intermedio de media hora, el presidente del Tribunal Oral Federal 2 informó que no harían lugar al pedido de la exmandataria y, de este modo, no le permitieron declarar hoy.

“Estoy ante un pelotón de fusilamiento”

Luego de que la Justicia le negara ampliar su indagatoria, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al Poder Judicial y dijo estar “ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019”, “, manifestó. “Por ello mañana (hoy) a las 11 hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”, expresó.

 

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