(elterritorio.com.ar) Se espera que en los próximos días puedan declarar ediles y empleados del Concejo Deliberante de Caraguatay, en la investigación por presunto abuso sexual y acoso.

Mientras continúa con su licencia como intendente de Caraguatay, la investigación penal que se le sigue a Mario Peyer (44) por supuestos hechos de acoso y abuso sexual en perjuicio de una empleada del Concejo Deliberante local tendrá en el transcurso de esta semana el paso por sede judicial de varios testigos citados por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de la pesquisa.

Según pudo saber El Territorio con fuentes ligadas al caso, entre el listado de testimoniales figuran cuatro concejales y trabajadoras del Deliberativo local, compañeras de la denunciante y quienes fueron propuestos oportunamente por la abogada querellante.

Más allá de estas citaciones en particular, se aguarda que próximamente el propio Peyer sea citado a comparecer ante el juez Manuel Balanda Gómez, quien lo indagará por los graves hechos denunciados en su contra. Y en paralelo, se aguarda por los resultados de las restantes diligencias judiciales dispuestas en el marco de la causa, entre ellas, estudios socioambientales y las pericias a los teléfonos celulares del acusado, los cuales fueron secuestrados tanto en el domicilio de Peyer, como en la oficina que tiene en el edificio municipal.

Cabe recordar que la denuncia fue radicada por una empleada municipal que cumple funciones en el Concejo Deliberante, quien en sede judicial relató distintos episodios de presunto acoso y un hecho de abuso sexual con acceso carnal agravado. Y que según su testimonio habría ocurrido el 4 de septiembre pasado dentro del edificio legislativo local.

En su ampliación de declaración, la mujer describió con detalle el lugar donde se habría producido el hecho, señalando que el intendente habría ingresado a su oficina para entregarle un presente por el Día de la Secretaria y que allí se produjo la agresión.

Precisamente esos espacios fueron parte de la inspección técnica por parte de peritos.

Esta diligencia se suma a otras medidas dispuestas por la Justicia, entre ellas allanamientos en el edificio municipal, en el domicilio particular del jefe comunal y en un vehículo oficial, de donde fueron secuestrados teléfonos celulares y equipos informáticos que serán sometidos a peritajes.