(elterritorio.com.ar) Durante el encuentro realizado en Ruiz de Montoya junto al gobernador, jefes comunales analizaron la situación de las economías regionales. Un documento técnico sostiene que la desregulación profundizó la crisis y plantea la necesidad de restituir herramientas al Instituto Nacional de la Yerba Mate.

La crisis que atraviesa el sector yerbatero volvió a ocupar un lugar central en la agenda política de Misiones durante la reunión que mantuvieron intendentes de distintos municipios con el gobernador en Ruiz de Montoya el pasado martes 19 de este mes.

En ese marco, se presentó un informe técnico que alerta sobre el deterioro económico de los productores y cuestiona las medidas nacionales que eliminaron facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). El documento advierte que el productor actualmente percibe entre 220 y 285 pesos por kilo de hoja verde, mientras que el costo técnico de producción asciende a 411,46 pesos por kilo. La diferencia implica pérdidas que oscilan entre el 31% y el 47%, configurando un escenario de quebranto para miles de pequeños productores.

                                       Para una explotación familiar promedio de cinco hectáreas, las pérdidas anuales podrían ubicarse entre 3,79 y 5,74 millones de pesos, sin contemplar amortizaciones ni remuneración del trabajo familiar.

La preocupación expresada por los más de 60 intendentes que participaron de la reunión “excede el impacto sobre el productor y alcanza a las economías locales”.  Afrimaron que en municipios donde la actividad yerbatera sostiene gran parte del movimiento comercial y laboral, la caída de ingresos comienza a repercutir sobre comercios, empleo, consumo y finanzas municipales

El reclamo político

Uno de los ejes centrales del planteo expuesto por los intendentes para ser presentado en a la Comisión de Economías Regionales en el Congreso de la Nación apunta a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional mediante los Decretos 70/2023 y 812/2025, que eliminaron la facultad del INYM para establecer precios mínimos obligatorios.

Según el informe presentado, la eliminación de estas herramientas profundizó la asimetría entre aproximadamente 17 mil productores primarios y menos de 200 operadores industriales entre secaderos y molinos, debilitando la capacidad de negociación del eslabón más vulnerable de la cadena.

La posición compartida por los intendentes sostiene que la crisis actual no responde únicamente a factores coyunturales, sino a un patrón histórico que reaparece cada vez que desaparecen mecanismos institucionales de regulación.

El informe remarca que durante períodos con organismos regulatorios activos, los productores operaron cerca del equilibrio económico, mientras que etapas de desregulación derivaron en abandono productivo, salida de productores y concentración del mercado.

Sobreoferta y bajo consumo

Los datos oficiales del Inym muestran además una situación de sobreoferta persistente. Aunque durante 2025 cayó casi 10% el ingreso de hoja verde, los niveles de stock permanecieron prácticamente sin cambios respecto al año anterior, acumulando más de 11 meses de cobertura.

La presión bajista se profundizó durante el primer trimestre de 2026. Mientras el ingreso de hoja verde aumentó 24,3%, el mercado interno registró una caída y las exportaciones crecieron apenas 3,4%. Solo marzo contabilizó casi 45 millones de kilos ingresados al sistema, un 43% más que en igual período del año pasado.

Para los intendentes, estos indicadores anticipan un impacto creciente sobre municipios productores y comunidades rurales, con riesgo de profundizar migraciones laborales, deterioro del tejido económico local y pérdida de capacidad productiva.

La propuesta

Entre las alternativas planteadas aparece como principal reclamo la restitución de facultades al Inym para fijar precios mínimos obligatorios para la hoja verde y la yerba canchada. El informe sostiene que esa medida encuentra respaldo en evidencia técnica e histórica y no responde a criterios ideológicos.

También surge la necesidad de fortalecer espacios permanentes de diálogo entre municipios, productores, cooperativas y Gobierno provincial para diseñar respuestas frente al escenario actual.

En ese marco, los intendentes expresaron predisposición para acompañar medidas orientadas a sostener familias productoras, tareferos y economías locales, consolidando una posición política común en defensa de una de las principales actividades económicas de Misiones.

Excede al precio de la hoja verde

Las proyecciones incluidas en el informe no anticipan mejoras inmediatas. Para el resto de 2026 se estima un precio de entre 220 y 320 pesos por kilo y pérdidas reales de entre 35% y 45% frente a la inflación.

En ese contexto, la discusión abierta en Ruiz de Montoya dejó de centrarse únicamente en valores de mercado para transformarse en un debate sobre empleo, arraigo rural, sostenibilidad productiva y el futuro de una economía regional estratégica.

La postura conjunta expresada por los intendentes expone una creciente presión política desde los municipios hacia Nación para revisar la normativa vigente, mientras Misiones busca consolidar una estrategia institucional en defensa del sector yerbatero y de los miles de familias que dependen de su continuidad.