Investigación revela que el gobierno de Milei retiene más de un billón de pesos que por ley debería invertir en mantenimiento de rutas
Sin embargo, ejecutó apenas una cuarta parte de esos fondos y optó por colocar el excedente —más de un billón de pesos— en inversiones financieras, como plazos fijos y títulos públicos
(misionesonline.net) Una reciente investigación del periodista Hugo Alconada Mon, publicada en el diario La Nación de Buenos Aires, reveló que durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno nacional recaudó más de 1,5 billones de pesos destinados exclusivamente a obras viales. Sin embargo, ejecutó apenas una cuarta parte de esos fondos y optó por colocar el excedente —más de un billón de pesos— en inversiones financieras, como plazos fijos y títulos públicos.
El informe de La Nación explica que el dinero proviene del “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un fideicomiso que se alimenta de una porción del impuesto a los combustibles. Esta herramienta fue creada en 2001 (originalmente por exigencia del Banco Mundial) precisamente para «blindar» los recursos: su objetivo legal y exclusivo es financiar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial nacional, evitando que la recaudación termine financiando el gasto corriente u otros fines presupuestarios.
No obstante, los documentos oficiales, balances y reportes obtenidos por Alconada Mon a través de pedidos de acceso a la información pública demuestran un drástico cambio de prioridades. La subejecución del SisVial bajo la actual administración promedia el 73,8%. En contraste, la cartera de inversiones manejada a través de la cuenta del Banco Nación no paró de crecer, pasando de estar conformada por plazos fijos a concentrarse de lleno en títulos del Tesoro (LECAP, BONCAP, LECER) por instrucción directa del Ministerio de Economía, cartera que dirige Luis Caputo y que hoy tiene la última palabra sobre el fideicomiso.
Según ilustró un exfuncionario consultado por el diario porteño, los recursos retenidos hoy se administran bajo la lógica propia de una «mesa de dinero».
El contraste entre las planillas contables y la realidad es alarmante. Mientras el dinero rinde intereses, el deterioro de los caminos cuesta vidas y genera un repudio generalizado. De acuerdo con el artículo, con los fondos retenidos se podrían haber arreglado entre 20.000 y 25.000 kilómetros, el equivalente a casi dos tercios de toda la red vial nacional.
La situación ya despertó fuertes críticas de gobernadores —Maximiliano Pullaro (Santa Fe) denunció que sus rutas ya no tienen «pozos, sino cráteres» y Alberto Weretilneck (Río Negro) las calificó de «rotas y olvidadas»—, así como advertencias de los sindicatos de Vialidad e incluso observaciones de auditores internacionales que detectaron aportes nulos por parte del Estado nacional en obras que contaban con financiamiento externo.
El informe del diario La Nación concluye dejando en evidencia una paradoja del actual esquema económico: la acumulación de un formidable saldo a favor en las planillas del Palacio de Hacienda se financia, en este caso, a costa del asfalto y la seguridad de las rutas argentinas.
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