(misionesonline.net)atiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, expuso ante las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue invitada por los legisladores misioneros del bloque Argentina Federal y reclamó la prórroga de la emergencia en discapacidad. Además, alertó por demoras en medicamentos de alto costo, ayudas técnicas, cirugías y pagos a prestadores.

La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Tatiana Antúnez, llevó este miércoles al Congreso de la Nación la situación que atraviesan las personas con discapacidad en la provincia y reclamó a los legisladores la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793.

Antúnez fue invitada a participar de la reunión de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación por los diputados nacionales misioneros del bloque Argentina Federal, en el marco del tratamiento de la continuidad de la emergencia nacional en discapacidad.

Durante su exposición, la funcionaria también cuestionó distintos aspectos vinculados al Presupuesto 2027 y manifestó su preocupación por modificaciones que, según advirtió, pueden afectar herramientas y derechos establecidos para las personas con discapacidad.

En ese contexto, rechazó que el Consejo Federal de Discapacidad haya respaldado modificaciones impulsadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad que pudieran afectar esos derechos.

“Les aseguro como representante del Consejo Federal que jamás, jamás hemos votado ni apoyado ninguna medida de la Secretaría Nacional de Discapacidad que haya ido en contra de los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó.

Antúnez cuestionó además que el Poder Ejecutivo haya avanzado en modificaciones relacionadas con la discapacidad sin convocar al Consejo Federal. Según señaló, durante este año el organismo fue convocado solamente en dos oportunidades. “¿Cómo es posible que hayan pensado en hacer este tipo de modificación sin haber convocado al Consejo Federal de Discapacidad?”, planteó ante los legisladores.

La situación de las personas con discapacidad en Misiones

Durante su exposición, Antúnez puso el foco en las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad en Misiones para acceder a prestaciones, medicamentos y elementos indispensables para sus tratamientos.

Señaló que en la provincia hay alrededor de 36.000 personas con discapacidad y remarcó que una parte importante de esa población vive en zonas rurales y periurbanas, donde las dificultades de acceso a los servicios son todavía mayores.

La funcionaria explicó que las personas con discapacidad deben afrontar, además de los gastos de la canasta básica, costos vinculados con rehabilitación, transporte, medicación y cuidados, mientras que las pensiones no contributivas se encuentran, según planteó, desactualizadas frente al costo de vida.

“Hoy las personas con discapacidad, además de afrontar los costos de la canasta básica, tienen que afrontar los costos de rehabilitación, de transporte, de medicación y de cuidados”, sostuvo.

Reclamo por medicamentos de alto costo

Uno de los principales puntos de preocupación planteados por Antúnez estuvo relacionado con la situación del programa federal Incluir Salud y las demoras en el envío de medicamentos de alto costo.

Como ejemplo, mencionó a pacientes con hemofilia que necesitan medicamentos cuyo valor puede alcanzar entre 30 y 40 millones de pesos, y sostuvo que actualmente no están recibiendo sus tratamientos.

También hizo referencia a pacientes con enfermedades cuyos tratamientos alcanzan valores cercanos a los 60.000 dólares y que, según explicó, tampoco están recibiendo la medicación correspondiente.

En ese marco, afirmó que actualmente hay 316 pacientes esperando desde mayo una respuesta.

La titular del Consejo Provincial de Discapacidad también denunció demoras de aproximadamente seis meses en la entrega de ayudas técnicas y señaló que existen elementos ortopédicos, sillas de ruedas y otras ayudas técnicas que fueron adjudicadas en octubre de 2025 y todavía no fueron entregadas. A esto sumó la existencia de cirugías pendientes desde febrero de 2025.

Demoras en los pagos a prestadores

Otro de los reclamos estuvo relacionado con los pagos a prestadores y transportistas. Antúnez señaló que se llegó a registrar una demora de más de seis meses en los pagos y sostuvo que actualmente el atraso se redujo, pero todavía se mantiene en aproximadamente dos meses.

La funcionaria remarcó que las dificultades no se limitan al programa Incluir Salud, sino que también alcanzan a instituciones y organismos vinculados con la atención de personas con discapacidad. Mencionó además demoras en la entrega de sillas de ruedas y otros elementos por parte del Programa Federal de Incluir Salud, así como dificultades relacionadas con obras sociales y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Antúnez también puso bajo la lupa la ejecución de recursos del Fondo Nacional de Discapacidad. Según explicó, desde la Secretaría Nacional de Discapacidad se informó en la última asamblea que existen fondos específicos disponibles, aunque cuestionó que esos recursos no se estén ejecutando con la velocidad necesaria. En el caso de Misiones, sostuvo que fueron aprobados solamente cuatro proyectos y que los fondos demoraron aproximadamente ocho meses en ser desembolsados.

También señaló que programas del Fondo Nacional de Discapacidad aprobados en junio todavía no habían comenzado a implementarse al momento de su exposición.

“No podemos discutir los derechos”

En el tramo final de su intervención, Antúnez insistió en que la situación expuesta demuestra, a su criterio, la necesidad de mantener vigente la emergencia nacional en discapacidad. “Imagínense que todo esto pasa con el respaldo de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Imagínense si nosotros no tuviéramos esta ley de emergencia en discapacidad”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que las condiciones que dieron origen a la emergencia todavía persisten y pidió a los legisladores que contemplen esta situación durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

“Creo que es necesaria la prórroga de esta emergencia en discapacidad, porque no solamente estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de derechos. Estamos hablando de personas que están esperando una respuesta. Estamos hablando de historias de vida que no pueden seguir esperando más”, expresó.

Y dejó una de las frases centrales de su exposición: “Las personas con discapacidad no pueden ser consideradas una variable de ajuste fiscal de ningún gobierno”.

“La eficiencia del Estado la tenemos que discutir, pero no podemos discutir los derechos de las personas con discapacidad”, agregó.

Finalmente, Antúnez pidió a los legisladores que presten especial atención al tratamiento del Presupuesto 2027 y remarcó que las personas con discapacidad deben ser consideradas como sujetos de derechos.

“No son solo pacientes, como hoy las está viendo el Estado nacional. Tienen derecho, tienen derecho a vivir con dignidad, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, sentenció.