(misionesonline.net) Rodrigo Vergara, delegado en Misiones del Sindicato Unidos de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA), denunció que los afiliados de la obra social nacional enfrentan un grave deterioro en la calidad de los servicios. La situación, producto de un desfinanciamiento impulsado por el gobierno nacional, genera demoras en la autorización de prácticas médicas, medicamentos, cirugías y prótesis, afectando a millones de jubilados y pensionados en todo el país.

La crisis económica repercute en la salud pública y privada

Vergara explicó que la actual crisis en el sistema de salud no solo afecta a la obra social pública como el PAMI, sino también a las prepagas y obras sociales gremiales. “El país está atravesando una grave situación en términos de salud. Todo está conectado con lo económico. Las crisis en las obras sociales, públicas o privadas, derivan directamente en las prestaciones. Esto impacta a quienes, por ejemplo, deben recurrir al PAMI después de haber abandonado las prepagas debido a la imposibilidad de seguir pagándolas”, manifestó Vergara.

La combinación de ajuste en el gasto público y el desfinanciamiento de la salud ha creado un panorama difícil para aquellos que dependen de la seguridad social para acceder a servicios médicos. “Hoy las personas que antes podían acceder a una prepaga, muchas veces están regresando al PAMI. Esto hace que el número de beneficiarios se amplíe, pero las prestaciones no han aumentado proporcionalmente, lo que ha generado un colapso en el sistema”, señaló el delegado.

Falta de insumos y prestaciones fundamentales

Una de las principales preocupaciones del dirigente gremial son los retrasos en la entrega de insumos fundamentales para los afiliados. Vergara mencionó que la falta de sillas de ruedas, camas ortopédicas, bastones y andadores afecta a muchos jubilados con diversas discapacidades. “Estos son elementos básicos para aquellos que padecen alguna incapacidad. Pero no solo son los insumos, sino también el acceso a prótesis, que en muchos casos han tardado meses en llegar. Un caso reciente es el de una afiliada que espera desde abril una prótesis y todavía no tiene respuesta”, detalló Vergara.

Los problemas con la entrega de insumos no son un caso aislado. Según Vergara, el deterioro de las prestaciones es generalizado en todo el sistema. Además, los prestadores que son responsables de la distribución de estos elementos también se ven afectados por la falta de pagos. Esto crea un círculo vicioso que termina perjudicando a los afiliados. “Cuando no se paga a los proveedores a tiempo, las entregas se retrasan, y al final son los jubilados quienes sufren las consecuencias”, expresó Vergara.

Los afectados recurren al hospital público

El delegado del SUTEPA explicó que muchas personas, tras no recibir la atención adecuada en el PAMI, se ven obligadas a recurrir a hospitales públicos como el Madariaga de Posadas en busca de una solución. “Los afiliados se ven forzados a ir al hospital público para resolver problemas que deberían ser atendidos por el PAMI. Esto colapsa aún más el sistema sanitario”, comentó Vergara. Esta situación está llevando a una sobrecarga en los hospitales públicos, que ya se encuentran al borde de la saturación debido a la crisis de la salud.

Vergara indicó que, debido a los atrasos en la atención, muchas personas que antes confiaban en el PAMI se ven obligadas a buscar alternativas en el sector público, lo que agrava aún más la falta de recursos en hospitales como el Madariaga. «A medida que se generan estos cuellos de botella en el PAMI, los hospitales públicos terminan absorbiendo la demanda, lo cual es insostenible en el contexto actual», afirmó.

Demoras en la autorización de medicamentos esenciales

Otro de los problemas denunciados por Vergara es la demora en la autorización de medicamentos esenciales para los afiliados, como la insulina. “Para los pacientes insulino-dependientes, el PAMI tarda entre 30 y 45 días en autorizar la insulina, un medicamento vital para la vida de estas personas”, explicó. Esta demora pone en riesgo la salud de miles de jubilados y pensionados que dependen de estos tratamientos para sobrevivir.

Vergara explicó que este tipo de situaciones genera una gran angustia entre los afiliados, quienes no saben si podrán continuar con su tratamiento. Además, al no contar con los medicamentos a tiempo, los pacientes se ven obligados a adquirirlos por su cuenta, lo que representa un costo muy elevado, especialmente para quienes tienen pensiones bajas. La falta de insulina no solo es un problema de acceso, sino también de costo. Las personas que necesitan estos medicamentos no pueden esperar, y el costo de comprarlos fuera del sistema es extremadamente alto.

Falta de empatía en la gestión del PAMI

Vergara también destacó la falta de empatía por parte de las autoridades del PAMI, acusando que las decisiones tomadas no responden a las necesidades de los afiliados. “En 23 años de trabajo en el PAMI, nunca vi una gestión tan desconectada de la realidad. Las decisiones no las tomamos nosotros, sino aquellos que están al frente, y la mayoría de ellos no tienen la capacidad ni el conocimiento para manejar una obra social tan grande”, afirmó el dirigente.

Vergara criticó especialmente el manejo político de la estructura del PAMI, que ha llevado a que los puestos clave sean ocupados por personas sin formación en el ámbito de la salud. “En lugar de priorizar la eficiencia y la experiencia, lo que hemos visto es la contratación de personas sin los conocimientos necesarios para asumir responsabilidades dentro del PAMI. Esto afecta directamente la calidad del servicio que reciben los afiliados”, indicó. Según el delegado, muchos de los jefes de agencia y directores de las seccionales son designados por afinidad política, y no por su capacidad para gestionar servicios de salud.

Cambios en la estructura del PAMI

El sindicalista también cuestionó las designaciones políticas en el PAMI. Mencionó que varios de los responsables de agencias, como en San Vicente, provienen de sectores ajenos a la salud, lo que dificulta aún más la gestión de los servicios. “Se están asignando cargos a personas que no tienen ninguna preparación en el área, lo que agrava la crisis que estamos viviendo”, agregó Vergara.

En cuanto a la reciente reducción de personal en el PAMI, Vergara denunció que, en lugar de mejorar la eficiencia, se está perjudicando al sistema. “El gobierno nacional ha optado por despedir trabajadores, pero ha incorporado más jefes con sueldos altos. Esto no hace más que agravar la situación. En Misiones, tuvimos ocho despidos, pero se incorporaron 24 jefes de áreas que no aportan nada al funcionamiento del PAMI. Estos cambios no tienen lógica y solo responden a intereses políticos”, criticó Vergara.

Una situación que exige solución urgente

Vergara aseguró que el gremio está preparando un informe detallado sobre la situación de las prestaciones en Misiones y que buscan que las autoridades tomen medidas concretas para revertir esta crisis.

“Es necesario que las autoridades comprendan la gravedad de la situación. Los jubilados y pensionados no pueden seguir esperando. Esta es una cuestión de salud pública y de justicia social”, finalizó Rodrigo Vergara.