Diputada oriunda de Misiones presentó un proyecto para restituir las facultades del INYM
Se trata de Roxana Monzón, nacida en Apóstoles, quien cuestionó las políticas de desregulación del Gobierno nacional.
(primeraedicionweb.com.ar) La diputada nacional Roxana Monzón, nacida en Apóstoles pero representante de la Provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria, presentó un proyecto para derogar el decreto 812 de 2025 y restablecer el esquema regulatorio que rigió durante más de dos décadas en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La iniciativa propone dejar sin efecto la resolución emitida por el Poder Ejecutivo el 17 de noviembre, que había eliminado funciones centrales del organismo y modificado artículos clave del decreto 1240 del año 2002. El objetivo de la legisladora es restituir la normativa previa y recuperar las herramientas que el sector considera indispensables para evitar lo que describen como un proceso acelerado de vaciamiento, concentración y pérdida del entramado productivo regional.
En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que la decisión del Gobierno Nacional profundiza una transferencia de ingresos que beneficia a grandes empresas industriales en detrimento de miles de familias rurales. Afirma que el retroceso regulatorio se da en un momento de récord histórico en consumo, producción y exportaciones, crecimiento que atribuye al modelo de trabajo conjunto impulsado durante veinte años por el INYM. Según la legisladora, ese esquema aseguró estadísticas transparentes, precios mínimos por encima del costo, límites a nuevas plantaciones para evitar sobreoferta y más de veinte programas de asistencia técnica y promoción interna y externa. Remarca que esa política evitó la desaparición del pequeño productor y permitió sostener el tejido social de las zonas rurales del noreste argentino.
Durante una entrevista en FM de las Misiones, la diputada sostuvo que la situación llegó al límite con el Decreto 812, dictado hace dos semanas. Desde su mirada, esa medida terminó de “liquidar las últimas facultades” que quedaban en manos del INYM. En su explicación aseguró que “el sector venía atravesando dificultades y con este último decreto lo terminan de matar”. También remarcó que la crisis golpea de forma directa a quince mil productores y a miles de tareferos que dependen del precio de la hoja verde.
Monzón marcó que el costo para producir un kilo de hoja ronda los cuatrocientos veintidós pesos y que hoy se ofrecen valores de doscientos cincuenta o incluso ciento sesenta pesos. La legisladora dijo que a muchos colonos “no les alcanza ni siquiera para cubrir el costo”, por lo que varias familias ya no pueden afrontar la electricidad, el combustible o los gastos escolares. En su interpretación, la situación empuja a un proceso de abandono de chacras similar al que la región vivió en los años noventa y configura una crisis económica, social e incluso de identidad. Lo describió como una actividad que forma parte de la cultura del productor, algo que “no sabe hacer otra cosa y no quiere hacer otra cosa”.
En otro tramo de la entrevista analizó el discurso oficial basado en la libertad de mercado. Lo calificó como un planteo que “suena hermoso” pero que no contempla las diferencias reales dentro del sistema productivo. Para graficarlo, utilizó una metáfora y explicó que no se puede hablar de competencia en igualdad de condiciones cuando unos corren una maratón con mochilas de distintos pesos. Para ella, la desregulación colocó a los pequeños en una situación desventajosa mientras el precio en góndola casi se duplicó y el valor que perciben los colonos cayó por debajo del nivel de diciembre de 2023.
La diputada también fue consultada sobre el acompañamiento que recibió de legisladores misioneros. Aunque señaló que no habló puntualmente sobre este proyecto, mencionó que tanto los representantes provinciales como el Gobierno de Misiones respaldan a los pequeños y medianos productores y recordó que la Provincia judicializó las modificaciones al INYM, obteniendo fallos favorables que, según dijo, no están siendo respetados por el Ejecutivo Nacional.
“Está claro que tanto el gobierno provincial como sus legisladores están apoyando al sector, pero acá hay una decisión política del gobierno nacional de hacer sordos”, apuntó.
