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El Gobierno apelará la decisión judicial que suspende el cierre de Vialidad Nacional

La medida cautelar fue dictada por la jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, y pone en pausa la reestructuración del organismo

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(misionesonline.net) El Gobierno nacional apelará el fallo judicial que suspendió por seis meses la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un proceso impulsado a través de un decreto presidencial. La medida cautelar fue dictada por la jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, y pone en pausa la reestructuración del organismo que depende de la Secretaría de Transporte.

                                                        

El Ejecutivo anunció que continuará con su estrategia judicial habitual y llevará el caso ante la Cámara del fuero, con la intención de lograr la habilitación de la medida. “Acá todo se apela. Vamos a ir hasta el final”, sostienen desde la Casa Rosada. Sin embargo, la apelación se presentará después de la feria judicial, que comienza el 21 de julio y finaliza el 1 de agosto, por lo que los plazos de resolución quedarán suspendidos hasta ese entonces.

                              

La demanda fue presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que argumentó que las facultades delegadas al oficialismo no autorizan la eliminación del organismo. La medida también incluye la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

La jueza Forns ordenó que el Ejecutivo se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo relacionado con el decreto 461/2025, como traslados, cesantías, reubicaciones, suspensiones y la supresión de estructuras vinculadas a la DNV. En su resolución, la jueza destaca que Vialidad es una entidad autárquica de derecho público, cuya relación laboral con su personal está regida por la Ley de Contrato de Trabajo.

El Gobierno tiene planificado despedir a más de 5100 empleados públicos de la Dirección Nacional de Vialidad, dejándolos sin funciones y pasándolos a disponibilidad con sueldo por un año, durante el cual podrán ser reubicados o capacitados para otras tareas. Aquellos empleados que no sean reubicados recibirán una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicio, o fracción mayor a tres meses.

 

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