Si el nuevo Índice de Precios al Consumidor se hubiera aplicado en marzo, la inflación habría rondado el 3,5% y puesto en jaque la estrategia oficial de desinflación. Para evitar ese impacto político y económico, el Gobierno decidió suspender su implementación y volver a la metodología anterior, que subpondera los servicios públicos en un año de fuertes aumentos tarifarios. La decisión precipitó la salida de Marco Lavagna del Indec, reavivó dudas sobre la credibilidad estadística y generó ruido en la relación con el FMI, que monitorea metas fiscales y de recaudación en un contexto de inflación todavía resistente. Leer más