(pozoazulnoticias.com) Las pensiones por discapacidad en Argentina están destinadas a personas que no pueden acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones debido a una disminución del 66% o más en su capacidad laboral, carecen de ingresos suficientes y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El beneficio exige requisitos estrictos: certificado médico oficial, condiciones económicas comprobadas y ausencia de otras prestaciones previsionales. Sin embargo, en Misiones, la discusión sobre el uso de este derecho adquirió un giro político inesperado. 

En los últimos meses, se multiplicaron las denuncias sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones a personas vinculadas con dirigentes políticos. Este debate no es menor: ¿cómo se explica que beneficiarios acrediten una discapacidad severa y luego participen activamente en la vida social, laboral o incluso legislativa? Si bien existen excepciones médicas, la reiteración de estos casos en determinados espacios políticos despertó sospechas de clientelismo y uso indebido de recursos públicos.

En los últimos meses, se multiplicaron las denuncias sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones a personas vinculadas con dirigentes políticos. Este debate no es menor: ¿cómo se explica que beneficiarios acrediten una discapacidad severa y luego participen activamente en la vida social, laboral o incluso legislativa? Si bien existen excepciones médicas, la reiteración de estos casos en determinados espacios políticos despertó sospechas de clientelismo y uso indebido de recursos públicos.