(misionesonline.net) La jueza estadounidense Loretta Preska resolvió que la República Argentina deberá transferir el 51% de las acciones clase D de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera. La medida se dio a conocer en las últimas horas y representa un nuevo revés judicial para el país en el litigio iniciado por el fondo Burford Capital.

“La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los Demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir del día en que las acciones se depositen en la cuenta”, sostuvo Preska en su fallo.

La magistrada también rechazó el pedido de la Argentina para realizar una audiencia oral adicional, dando por concluido el caso en esta instancia. “Convencida de que no es necesario presentar argumentos orales además de los documentos presentados por las partes, se deniega la solicitud de la República para presentar argumentos orales y se solicita respetuosamente al Secretario del Tribunal que concluya el presente caso”, sentenció.

El analista de Latam Advisors, Sebastián Marill, explicó que el Gobierno argentino debió haber depositado una garantía en enero de 2024 para evitar que avanzaran los embargos mientras se resolvía la apelación iniciada en octubre de 2023. “Esto tendría que haber sucedido en enero de 2024, pero no se hizo ningún depósito. Acto siguiente, la ley americana te da derecho a embargar activos de, en este caso, la República Argentina”, señaló en declaraciones a TN.

Entre los activos embargables, se apuntó al paquete accionario estatal de YPF. “Un año y medio más tarde, después de varias presentaciones y contrarrecomendación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Preska accedió al pedido de los beneficiarios y obliga a Argentina a entregar las acciones que tiene el YPF como parte de pago”, añadió Marill.

A pesar de esta decisión, el Gobierno argentino planea apelar nuevamente, lo que llevará la causa a la Corte de Apelaciones. De concretarse, sería la tercera apelación activa en el marco de este extenso litigio, que también incluye una presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) y otra realizada por el propio Estado nacional en noviembre de 2023.

FUENTE: TN.

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