El gobierno de Nicaragüense ha consolidado el control del aparato del Estado, mediante reformas constitucionales y legislativas, que socavan el principio de legalidad y concentran prácticamente todo el poder en la presidencia. Al retirarse de varias agencias de la ONU, y del Consejo de Derechos Humanos, elude el escrutinio y la rendición de cuentas. Leer más