(primeraedicionweb.com.ar) En una comunicación dirigida a los representantes de Misiones en el Congreso y el Senado nacional, la Multisectorial Ambiental Misiones expuso su firme rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 y al controvertido proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, conocida como Ley Ómnibus.

La multisectorial, compuesta por diversas organizaciones ambientales y comunidades locales, destacó la necesidad de proteger la democracia, la soberanía nacional, los derechos humanos y el derecho fundamental a un ambiente sano.

“Solicitamos a ustedes, nuestros representantes misioneros y misioneras en el Congreso y el Senado de la Nación, que con sus votos reflejen posiciones de respeto a la democracia, la soberanía nacional, la paz social, los derechos humanos y el derecho a un ambiente sano. Por lo tanto solicitamos no voten a favor del DNU y Ley Ómnibus”, expresaron en la nota suscrita por un gran número de organizaciones.

Asimismo, destacaron el marco normativo ambiental “ejemplar y avanzado de Misiones y advirtieron sobre las posibles consecuencias negativas de estas propuestas a nivel nacional.

Aunque Misiones ha logrado avances significativos en la legislación ambiental, la multisectorial argumentó que es esencial contar con el respaldo y los mecanismos proporcionados por las leyes federales para enfrentar los desafíos contemporáneos en conservación y desarrollo.

Un punto crucial de preocupación de la multisectorial se centra en la posible desaparición de los fondos asignados por la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos.

Por ello, resaltaron la importancia de estas asignaciones para preservar las áreas de Selva Paranaense en Misiones, subrayando que representan el último remanente continuo en la provincia. La Ley Ómnibus, en contraste, plantea la liberación del desmonte en zonas anteriormente protegidas, generando inquietud sobre posibles consecuencias devastadoras para el entorno natural.

“Como saben, la Ley 26.331 prohíbe el desmonte en zonas amarillas y rojas (Cat.I y II, áreas de alto y medio valor de conservación), en zonas verdes con previa autorización, y garantiza el derecho a la información y la participación ciudadana. Además, se financia con un 0,3% del presupuesto nacional anual, más el 2% de las retenciones recaudadas sobre exportaciones”, advirtieron.

Según explicaron, la Ley Ómnibus propone liberar el desmonte en zonas verdes y habilitar el desmonte en zonas rojas y amarillas con autorizaciones laxas.

También elimina la participación ciudadana y el acceso a la información, eliminar ambas fuentes de financiamiento y establece que su Fondo estará integrado por la asignación presupuestaria que realice el Poder Ejecutivo de forma anual; los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e Internacionales; Donaciones y legados.

Otra área crítica planteada fue la derogación propuesta de la Ley 26.737, que protege el dominio nacional sobre la propiedad rural. La multisectorial argumentó que esta derogación podría tener implicancias negativas para las comunidades originarias y rurales, amenazando su acceso a cursos de agua y facilitando la extranjerización de tierras. Además, hicieron especial hincapié en las declaraciones del Presidente, que sugieren un riesgo inminente de saqueo y despojo de los territorios.

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“Queda claro que cualquier respaldo a la derogación de la Ley de Tierras convalida el saqueo y el despojo de nuestros territorios. No hay dignidad posible con más concentración de la riqueza”, apuntaron.

Por último hicieron un llamado a los legisladores de Misiones a considerar el bien común y la sustentabilidad ambiental al ejercer sus votos en los próximos días y subrayaron la importancia de proteger la dignidad del pueblo, la sustentabilidad ambiental y los derechos de las comunidades y sus territorios.

A favor del INYM

La multisectorial también manifestó su preocupación por la limitación propuesta al INYM, señalando que esto podría tener consecuencias graves para más de 10.000 productores y 15.000 trabajadores rurales en la provincia.