(elterritorio.com.ar) El Tribunal Federal Oral de Posadas dictó sentencia luego de que las defensas y el Ministerio Público acuerden juicios abreviados. Un convicto de la UP6 recibió 9 años.

Ocho de los once detenidos por formar parte de la organización narcocriminal Primer Comando de Frontera (PCF), creada y dirigida por Néstor Fabián Rojas desde la cárcel de Ezeiza, firmaron penas de entre 6 y 9 años de prisión en juicios abreviados, tal y como adelantó en exclusiva El Territorio en abril.

Walter Eris Gómez (43), quien también estaba detenido al momento de las investigaciones y dirigía las operaciones en Misiones desde la Unidad Penal VI, acordó 9 años. Él se comunicaba directamente con Oscar Adoni Rodríguez (49) y Agustín Ruiz Díaz (23), quienes acordaron seis años y tres meses.

Tamara Maciel (27) -pareja de Rojas que en algún momento declaró que actuó bajo amenazas de Rojas, pero luego se arrepintió-, Paula Aguirre (48), Oscar Claudio Sánchez, Sergio Mario Rolón (45) y Facundo Ochoa (26), por su parte, pactaron seis años de prisión.

El acuerdo se hizo entre las defensas y la Fiscalía ante el Tribunal que preside la fiscal Vivian Andrea Barbosa, quien trabaja en conjunto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dirigida por Diego Iglesias.

Según pudo reconstruir este medio en base a diferentes fuentes ligadas al proceso, a principios de mes se hicieron las audiencias de visu -donde los imputados confirmaron que aceptaban el acuerdo- y el miércoles el Tribunal Federal de Posadas dictó las sentencias.

Ochoa y Rolón habían sido procesados en 2021 por transporte de estupefacientes, mientras que los demás implicados como coautores por tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres personas.

Por este último delito también están imputados Pablo Hernán Jorge Pablo Antonio Campos, quienes -si todo marcha como hasta ahora- afrontarán un juicio oral y público junto al Néstor Fabián Rojas, considerado organizador y financista.

Campos compartía celda en Ezeiza con Rojas y desde allí ambos coordinaron varios movimientos de droga y la logística en Buenos Aires.

Roles

La investigación de Gendarmería Nacional sobre la organización trasnacional PFC se descubrió con trece allanamientos en noviembre del 2020, luego de varios meses de investigación y escuchas en las que se pudieron detectar e impedir varios movimientos de droga coordinados por Rojas y Eris Gómez.

Se reconstruyó así que Ruiz Díaz y Rodríguez fueron los encargados de alquilar el galpón en Garupá para el movimiento del estupefacientes y anteriormente había coordinado la logística en la provincia: recepción del alcaloide, compra de los vehículos para el transporte, contratación de punteros y paseros, además del conductor.

Rodríguez es primo hermano del Negro Rojas y fue señalado como su mano derecha en la provincia, ya que es el que supervisaba todas las operaciones. Antes había estado alojado en la cárcel de Candelaria, pero en su prontuario se destaca que purgó una condena a 7 años de prisión en Palencia, España.

Maciel y Aguirre fueron detenidos en Buenos Aires. La novia de Rojas era la encargada de administrar el dinero allí, cambiándolo por dólares, haciendo los pagos en la logística y cobrando los dividendos de las cargas. También hacía de nexo entre El Negro y las organizaciones criminales de Brasil, ya que éste la llamaba a ella, que con otro teléfono se comunicaba con los brasileños y ponía los dos aparatos juntos para que hablen.

Aguirre, en tanto, está relacionada a Campos y formó parte de la creación de una empresa de distribución, Distribuidora Norte -con la N de Negro destacada- que creó en Buenos Aires para blanquear dinero. Bajo esa firma la organización alquiló un galpón y compró mercadería, aunque el verdadero fin era recibir droga.

Incautaciones

Entre los procedimientos coordinados por Procunar se destaca una incautación de 10 toneladas cerca de Encarnación, posible gracias a los trabajos conjuntos con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay.

La droga iba a entrar por San Ignacio o Gobernador Roca y luego trasladada al galpón de Garupá con un camión volcador -que fue incautado- para después ser transportada a Moreno. Sin embargo, el 23 de octubre del 2020 la Senad dio el golpe en tierras paraguayas y todo quedó frustrado.

El 29 de septiembre se logró otro procedimiento, esta vez a cargo de Prefectura Naval Argentina, que secuestró 707,681 kilogramos que estaban queriendo ingresar al país de Paraguay y que tenían destino final a Brasil.

También el 30 de octubre Gendarmería logró frustrar el transporte de 407 kilogramos sobre la ruta provincial 5, a la altura de Panambí.

La droga era movilizaba en una camioneta Mitsubishi con destino a Brasil. La ocupaban Rolón y Ruiz Díaz, que logró escapar pero fue atrapado en la redada de noviembre.

También se secuestraron dos cargamentos de cocaína. Uno sobre la ruta 12 el 4 de noviembre, pocos días antes de los allanamientos. Eran 20 kilogramos que estaban siendo transportados en una motocicleta por Ochoa, entonces prófugo luego de que la Justicia lo declarase en rebeldía por una condena.

También en Corrientes, los efectivos frustraron el 15 de octubre el envío de cocaína que estaba disimulada en dos encomiendas en repuestos de motos, con destino final a Buenos Aires. Se trató de 12 paquetes que tenían un kilogramos cada uno.

En cifras

32Las escuchas a los integrantes de la organización permitieron la incautación de 32 kilogramos de cocaína en dos procedimientos ocurridos en 2020.La droga del PCF se vendía con su sello. Foto: El Territorio/Archivo

A la espera de la unificación

En el caso de Néstor Fabián Rojas, el Tribunal Oral Criminal Federal de Posadas también analiza la acumulación de la investigación del PCF con el homicidio del mecánico Aldo Andrés Canteros (31), ocurrido en agosto del 2018.

De ser aceptada, Rojas será juzgado por los dos expedientes al mismo tiempo, lo que evitaría dos debates orales y públicos. De todas formas, fuentes consultadas coinciden que el posible debate se concretaría recién en el 2024.

Por el caso del Primer Comando de Frontera, Rojas está acusado de ser organizador y financista del delito de tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres personas, mientras que en la investigación por el crimen de Canteros debe ser juzgado de organizador de conductas compatibles con el tráfico de estupefacientes y homicidio agravado.