(misionesonline.net) El Dr. Marcelo Ozuna, Defensor Oficial ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Correccional y de Menores de Misiones, analizó en diálogo con Misiones Online, el proyecto con media sanción de Diputados que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años y fija una pena máxima de 15 años para delitos graves. Sostuvo que la discusión no puede reducirse a un número y cuestionó la falta de infraestructura, presupuesto y equipos especializados para implementarlo.

El proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación reactivó un debate que atraviesa a la Argentina desde el retorno democrático: qué respuesta debe dar el Estado ante delitos cometidos por adolescentes y cuál debe ser el enfoque frente a situaciones de violencia extrema. En Misiones, el Dr. Marcelo Ozuna, Defensor Oficial ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Correccional y de Menores, planteó que la iniciativa no puede leerse solo desde la “baja de la edad” y advirtió que la implementación real será el punto crítico.

“Es toda una novedad, porque esta idea de modificar el régimen penal de la minoridad viene desde que entramos en democracia: todos los gobiernos dijeron que lo van a modificar y nunca llegó a una instancia como la que está hasta ahora”, sostuvo.

Ozuna insistió en que la discusión pública suele quedar atrapada en el titular y pierde de vista el conjunto. “La gente escucha que esta ley se trata de bajar la edad de la responsabilidad penal de niños, porque están considerados niños dentro del marco normativo constitucional, pero no se agota ahí. Hay un montón de cosas imprescindibles para poder pensar en un régimen penal de la minoridad”, afirmó. Para el defensor, la primera pregunta debería ser otra: “¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué bajamos la edad?”.

En ese punto, cuestionó la idea de que el delito juvenil sea el núcleo del problema de inseguridad. “Cuando analizamos cuál es la incidencia delictiva de estos niños y niñas en el ámbito judicial, estamos hablando de un 1,8% a 2% de los delitos”, explicó. Y precisó que, en su mayoría, se trata de hechos comunes: “Generalmente son delitos contra la propiedad: robos, hurtos, vinculados a adicciones, marginalidad, situaciones disfuncionales”.

Según Ozuna, el fenómeno se distorsiona cuando un caso extremo llega a los medios y la conmoción empuja respuestas rápidas. “Cuando uno ve un niño de 14 o 15 años con un arma, disparando y quitándole la vida a alguien, está viendo el final de algo que se inició mucho antes”, describió. En esa línea, sostuvo que detrás de esos hechos suele haber “marginalidad, vulnerabilidad extrema” y, muchas veces, adultos que “le pusieron un arma en la mano a un niño” y lo mandaron a delinquir.

Por eso, planteó una pregunta central: si el castigo penal cae sobre el adolescente, ¿qué pasa con los adultos que lo usan? “¿Estas personas, los adultos, organizaciones criminales, grupos organizados, van a dejar de usar a los niños?, No dejarán de usarlos, porque son mercadería fácil o mano de obra barata”, aseguró. Insistió en que «el niño es usado porque es vulnerable, porque no tiene protección, porque está solo y muchas veces actúa bajo amenazas o coacción”.

Para el defensor, el eje previo es la protección integral. “El problema está antes de que delinqua: esa red de contención, brindar acceso a educación, salud, oportunidades. Son chicos que se crían en lugares disfuncionales, sufren violencia, pasan hambre, no se escolarizan”, describió. En ese escenario, dijo, “son captados por personas u organizaciones que se dedican al delito”.

Ozuna también hizo foco en el alcance real del proyecto, tal como está planteado. Los delitos con pena menor a 10 años no derivarían en encierro efectivo para adolescentes. El enfoque declarado apunta a “justicia restaurativa”: “Restablecer y reparar el daño causado y que luego el joven se reintegre a la sociedad de forma útil”.

Sin embargo, advirtió que el encierro, tal como existe, va en sentido contrario. “El que anduvo por una unidad penal puede entender que no es un lugar para que las personas vuelvan a la sociedad mejoradas. Todo lo contrario: son lugares complejos”, sostuvo. Y fue tajante sobre el efecto real del sistema penitenciario: “Me gustaría que una persona detenida pase cinco días ahí y me diga ‘esto no fue un castigo’. Definitivamente no”.

En ese marco, enumeró factores que, a su criterio, agravan la situación: superpoblación, falta de recursos y el endurecimiento del régimen de ejecución penal en delitos graves. “Se sacaron en casi todos los delitos la libertad condicional y las salidas transitorias, y eso era un estímulo interno. Hoy en delitos graves eso desapareció”, afirmó.

El defensor llevó el debate al terreno presupuestario y operativo. “Hoy no sabemos qué hacer con la superpoblación carcelaria en adultos. Falta alimento, atención médica, psicólogos. Es un gasto durísimo para el Estado”, señaló. Y cuestionó la viabilidad de sumar dispositivos para adolescentes sin una inversión sostenida. “Si hoy querés colocar una tobillera electrónica a una persona, no hay tobilleras. Y me dicen que uno de los proyectos es que los niños anden con tobillera”, contrastó.

Sobre el financiamiento, afirmó que los montos anunciados por el gobierno nacional (23 mil millones de pesos), no alcanzan. Remarcó que el abordaje juvenil requiere un esquema completamente distinto al de adultos: “Necesitás personal especializado: psicólogos especializados, personal penitenciario especializado, un abordaje totalmente diferente. ¿Cómo lo mantenés en el tiempo?”.

Consultado sobre qué hacer ante un caso extremo —un chico de 14 años que mata— Ozuna pidió evitar respuestas automáticas. “Sin lugar a dudas, primero habría que someterlo a estudios médicos para ver la capacidad de comprensión. Biológicamente no está terminada la etapa de desarrollo cerebral”, explicó. Aun así, reconoció que el país necesita una norma nueva: “No podemos seguir con una ley que tiene 40 años, que es producto de la dictadura. Eso es un sinsentido”. Para él, la clave sería que jueces especializados y equipos interdisciplinarios puedan definir tratamientos específicos según cada caso, sin convertir el encierro en una fábrica de reincidencia.

En ese punto, citó una advertencia que, según relató, también planteó el Procurador General: evitar que los centros se transformen en “la universidad del delincuente para los niños”.

Ozuna también abordó el reclamo social de las víctimas y la demanda de respuestas ante crímenes graves. Sostuvo que el desafío del sistema es doble: “Dar respuesta a la víctima y, a la vez, tratar de incorporar a ese joven de una forma acorde a su edad y que salga viable a la sociedad dentro de un tiempo”.

Al analizar el escenario local, remarcó que Misiones no exhibe la misma casuística que otras zonas calientes del país. “En Misiones, por suerte, no tenemos ese problema como el conurbano bonaerense o Rosario”, sostuvo, y planteó que esa diferencia debería habilitar “un tiempo para reflexionar” y no legislar solo por presión mediática. “Tenemos una oportunidad histórica de modificar una ley que necesita debate. Que se debata con criterio y sentido común, pensando en la Constitución y en los tratados de derechos del niño”, afirmó.

Finalmente, Ozuna ofreció un retrato crudo de lo que vio en unidades penales de menores. Dijo que la mayoría de los adolescentes detenidos están abandonados. “En mi última visita pregunté y la mayoría están abandonados por su familia. Su única familia es el Servicio Penitenciario, la psicóloga, los profesores”, relató. Estimó que “el 70%” prácticamente no tiene contacto familiar, lo que dificulta cualquier reinserción: “¿Cómo reinsertar a ese chico a donde no tiene base?”.

En su diagnóstico, el encierro sin herramientas solo multiplica el problema. Planteó que la sociedad suele creer erróneamente que “el que va ahí sale mal y listo”, sin advertir que luego “va a vivir al lado tuyo”. Por eso, sostuvo que el Estado debe ofrecer formación real y oficios, incluso como forma de reparación del daño. “Es imposible que una persona esté 15 años y no salga con un oficio. Si no, va a salir a hacer lo mismo que estaba haciendo”, advirtió.

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