(misionesonline.net) Las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) realizadas en la provincia de Misiones derivaron en denuncias por desorganización, maltrato a las personas con discapacidad, e incluso agresiones a autoridades locales y a la prensa. Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones y diputado provincial electo, admitió que el problema se originó cuando se decidió tercerizar el procedimiento en una empresa privada, y anticipó que el esquema será modificado para evitar nuevas controversias.

“Fue un desastre, no conocían la idiosincrasia local”

Núñez recordó que el operativo de revisión de pensiones por discapacidad se viene realizando desde abril en diferentes localidades. “Acá en la provincia de Misiones se hizo en Posadas, en Oberá, en Alem, en Iguazú, en Eldorado y no hubo ningún inconveniente”, explicó. El conflicto surgió, según detalló, en municipios donde no había prestadores del PAMI disponibles. “La Coordinación Ejecutiva Nacional había decidido tercerizar eso en una empresa que haga esas auditorías con gente propia. Y la realidad es que eso fue un desastre”, sostuvo.

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El dirigente relató que se comunicó personalmente con la Comisión Ejecutiva de PAMI para advertir lo que ocurría. “Les dije que esa auditoría estaba siendo un desastre, que no sabían lo que estaban haciendo, que no conocían la idiosincrasia local, que no tenían la infraestructura ni la organización que requería esa auditoría”, remarcó.

Reorganización y suspensión temporal

Ante las denuncias y los incidentes registrados, Núñez informó que se tomó la decisión de interrumpir las auditorías en las zonas conflictivas y retomar los operativos bajo conducción local. “Se decidió suspenderlas, y la semana que viene se van a retomar pero ya con la conducción y la organización de la UGL (Unidad de Gestión Local) de PAMI en Misiones y con los prestadores médicos de esa obra social, como se había hecho anteriormente”, señaló.

También reconoció que hubo reclamos por falta de notificación a los beneficiarios. “Uno de los temas que se plantea desde los mismos pensionados es que no habían sido notificados de la caída del beneficio o de la citación. Lo que tenemos que hacer es volver a ese esquema de organización, garantizar a cada uno de los beneficiarios que sean notificados y que puedan concurrir a un lugar que los espere con la infraestructura y con los médicos y especialistas que sean necesarios”, afirmó.

Consultado sobre el impacto político de las denuncias, el referente de La Libertad Avanza en Misiones negó que se trate de un trasfondo electoral. “No, la verdad es que no, creemos que no. Entendemos que estamos en campaña y que así lo van a utilizar, pero eso responde más a lo que yo entiendo como la carroña política”, respondió.

“La gente tiene bien claro que el tema de discapacidades es un tema sensible, pero donde atrás hay mucha corrupción, donde hay mucho desmanejo, que requiere ser auditado. El problema es hacerlo bien, no que no se realicen las auditorías”.

Localidades más afectadas

Núñez explicó que los mayores inconvenientes se produjeron en las localidades donde no hay presencia de prestadores médicos del PAMI, como 25 de Mayo, San Pedro y otros municipios del interior profundo. En esos casos, se intentó trasladar pacientes o reemplazar con médicos de cabecera, pero finalmente se contrató a una empresa privada. “Claramente acá en Misiones no funcionó”, admitió.

De cara a la reanudación de las auditorías, el dirigente aseguró que el objetivo es que el proceso se realice de manera eficiente y con respeto a los beneficiarios: “Se trata de garantizar que cada persona con discapacidad reciba un trato digno y un procedimiento correcto, con la infraestructura necesaria y bajo supervisión local”.