Legislatura misionera: repudio oficialista a la protesta policial y pedido opositor de interpelación a funcionarios
El tratamiento e ingreso de proyectos legislativos- se esperaban repercusiones sobre los reclamos salariales que se vienen sucediendo desde hace una semana en Posadas y otros puntos de la provincia.
(primeraedicionweb.com.ar) Desde las 18 de este jueves se celebra la cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2024 en la Cámara de Representantes de Misiones, donde además del tratamiento e ingreso de proyectos legislativos- se esperaban repercusiones sobre los reclamos salariales que se vienen sucediendo desde hace una semana en Posadas y otros puntos de la provincia.
El repudio de la bancada oficialista a las medidas de fuerza y un pedido opositor de interpelación a autoridades provinciales fueron las principales tesis en debate, mientras en el exterior del edificio legislativo se desarrollan escenas de violencia que incluyen el avance de los manifestantes sobre el vallado de seguridad e incluso el uso de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad.
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Transcurrida una hora y media de sesión, los diputados de la oposición abandonaron la sesión y se retiraron del recinto, que continuó con el resto de legisladores pero ya con los tres temas incluidos en el plan de labor.
Las principales intervenciones
Lilia Torres (UCR) fue la encargada de mocionar una preferencia para convocar al recinto a los ministros de Hacienda, Adolfo Safran; de Educación, Ramiro Aranda; de Gobierno, Marcelo Pérez; y a la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Daniela López; para que den explicaciones sobre el reclamo salarial de los empleados públicos de Misiones.
Por la bancada renovadora, Anazul Centeno planteó una declaración de “repudio al “accionar violento e intimidatorio” que atribuye a la protesta policial que se viene llevando adelante desde la madrugada del viernes 17. Según la diputada, “es una declaración necesaria frente al alzamiento de un pequeño grupo. Esto constituye un acto de sedición. La Corte Suprema falló en contra de que un policía haga huelga”.
De esta manera, diputados oficialistas dejaron asentada formalmente la postura que habían plasmado días atrás en un comunicado en contra de los cortes que se vienen llevando adelante sobre la avenida Uruguay:
“Sus funciones no pueden quedar suspendidas, esto quiere decir que los policías no pueden ser piqueteros. Que sean asalariados provinciales no los hacen empleados públicos: ellos juran lealtad y subordinación al Gobernador de la provincia, a la Constitución de la provincia y a las leyes que esta cámara promulga, pero hace casi una semana el pueblo es testigo del claro incumplimiento de la comisión de reiterados delitos, estos policías retirados y algunos activos no son representativos de toda la familia”.
“Andan declarando en los medios nacionales que se va a prender fuego la provincia queriendo pintar un cuadro de terror que no es tal”.
“No desconocemos que el origen de esto fue un reclamo salarial legitimo. En el marco legal de este planteo el diálogo es constante, se han hecho propuestas adecuadas a la situación que atraviesa la provincia, debemos entender la situación en la que estamos desde hace 5 meses: ajuste, caída de nuestra recaudación, y aun así se anunció el tercer aumento de sueldo duplicando la inflación e instamos desde esta Cámara a que prime el orden“.
En similar línea se expresó el diputado Santiago Mansilla, excamporista y hoy aliado del oficialismo, se sumó a ese repudio a un conflicto que -definió- “empezó como un reclamo salarial y se fue desvirtuando”.
“Poco se habla del origen de esta crisis y tuvo que ver con la feroz devaluación que licuó fuertemente los salarios. Entendemos que el reclamo es genuino, pero una vez que se producen hechos de violencia contra las instituciones, todos los reclamos se vuelven ilegítimos. Tenemos que ser responsables con lo que decimos para evitar que nuestra provincia se envuelva en hechos de violencia”, advirtió.
En la vereda opuesta se situó el diputado del PAYS Cristian Castro, quien realizó una moción de preferencia para un proyecto de declaración de “enérgico repudio” por la conformación de un Comité de Crisis con la participación de las fuerzas federales que “no hace más que la criminalización de la protesta“.
Además expresó su solidaridad con los trabajadores “con sueldos por debajo de la línea de la pobreza” y su “temor por las represalias contra mi partido, hacia mí y hacia mis hijos pero no puedo dejar que ese temor me paralice porque aquí afuera se escuchan los tambores de un pueblo trabajador sufrido hace muchos años”.
También la diputada radical Margarita Kurtz había presentado sobre tablas en primer término un proyecto de declaración donde se manifestó el rechazó a la creación del Comité de Crisis y pidió mesas de diálogo para los sectores en lucha. La iniciativa tomó estado parlamentario pero se tratará en comisión.
“Si los ministros al frente de las negociaciones no pueden llegar a un acuerdo y restaurar el orden, deberían tener la honestidad intelectual y hacer un paso al costado. Esto se arregla con diálogo”, expresó Horacio Loreiro (PRO)
Durante este tramo de la sesión, el diputado radical Ariel Pianesi solicitó un cuarto intermedio para salir a ver el estado de los docentes que “según nos están informando desde afuera, están siendo reprimidos con gas pimienta”, pero la propuesta no tuvo éxito por el rechazo de la mayoría.
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“Quien cree que esta movilización y lucha tiene que ver con una intencionalidad de la oposición de desestabilizar al Gobierno, no tiene idea de lo que pasa en la calle. Afuera hay trabajadores, personas que nos enseñan, que nos curan y que nos cuidan. No son delincuentes, son trabajadores que están peleando por salarios dignos“, había argumentado Pianesi.
Otros planteos
Por su parte el diputado Juan Jose Szychowski planteó dos cuestiones: reiteró que la producción primaria se encuentra exenta del Impuesto a los Ingresos Brutos y un beneplácito por la resolución del Juzgado Civil y Comercial que se expidió en contra de la importación de alimentos que no cumplan con las normas del SENASA. Ambas ya cuentan con estado parlamentario.
