(elterritorio.com.ar) Inició el debate en el TOF de Posadas por el asesinato de Aldo Canteros y la organización Primer Comando de Frontera. Rojas señaló una persecución del juez Miguel Ángel Guerrero y “la mano negra de la política”. Desestimó las escuchas en su contra.

Sin un hilo conductor con la verborragia que lo caracteriza, Néstor Fabián “El Negro” Rojas declaró durante tres horas en el inició del juicio en su contra que lo tiene como presunto responsable del asesinato del mecánico Aldo Canteros (31) y la organización narcocriminal transnacional Primero Comando de Frontera (PCF), una franquicia del PCC que creó y manejó desde cárcel de Ezeiza.

En su larga declaración denunció una supuesta persecución por parte del juez federal Miguel Ángel Guerrero, expresó que no hay pruebas en su contra y negó las escuchas - principal elemento de la causa -, diciendo que podrían haber sido creadas por inteligencia artificial. “No voy a permitir que me tiren delitos encima para que me pudra en la cárcel”, exclamó.

Como viene informando este medio, ambas causas fueron unificadas por su participación, lo que podría recibir una pena a prisión perpetua de ser considerado. En tanto, en el proceso del PCF también está siendo juzgado Pablo Antonio Campos (54), quien conoció a Rojas en el mencionado presidio y se asoció a su empresa criminal narco.

Quien fue excluido del debate fue Pablo Hérnan Jorge debido a , según se anunció, cuestiones de salud. Los demás imputados que tiene el proceso del PCF, organización acusada del movimiento de 11 toneladas de marihuana y 32 kilos de cocaína, acordaron penas en un juicio abreviado, por lo que no llegaron a esta instancia.

El Tribunal está compuesto por los jueces Victor Alonso - presidente -, Enrique Jorge Bosch y Fermín Amado Ceroleni, ninguno de la provincia. En el Ministerio Público actúa la fiscal Vivian Andrea Barbosa, de Fiscalía ante el Tribunal, además del fiscal Diego Iglesias y el auxiliar fiscal Martín Uriona por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Llamativamente - incluída Barbosa, que trabaja en Posadas - todos participaron de forma remota mediante videollamada al igual que los imputados, ambos alojados en Marcos Paz. De las partes sólo estuvieron en la sala el defensor oficial del Juzgado Federal de Oberá, Marco Aurelio Racagni, abogado de Rojas y Mariano Romero, defensor público oficial del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, velando por los intereses de Ocampos.

Pese al peso del expediente, que ubica a Rojas como uno de los capos narcos más importantes del país, el debate - al menos en esta primera audiencia - no fue transmitido al público de forma online. Sí hubo un gran dispositivo de seguridad, con ocho efectivos de Gendarmería Nacional distribuidos en la sala de debates y el ingreso al Tribunal Oral Federal de Posadas, donde la prensa fue sometida a detector de metales antes de ingresar.

“Me tiraron el muerto”
Tras la lectura de elevación a juicio de los dos procesos a ventilarse, fue Ocampos el primero que tuvo la chance de dar su versión sobre las acusaciones en su contra. En esa oportunidad, el implicado de Ciudadela con casi una decena de causas por asalto decidió abstenerse de declarar por consejo de su abogado.

Entonces, llegó el turno de Rojas, quien empezó a hablar a las 10.30 y siguió hasta las 13.30, con un breve lapso de 10 minutos a la hora de la alocución para que los conectados vayan al baño y estiren las piernas. Con un discurso desordenado y lleno de divagaciones, el imputado inició afirmando que “de mis delitos siempre me hice cargo, pero no me voy a hacer cargo de lo que no hice”.

En esa instancia, primero habló del asesinato a balazos descubierto el 5 de agosto del 2018 en Gobernador Roca. “Me hice cargo de que estuve en el lugar del hecho donde ocurrió el homicidio y de la cocaína que tenía cuando me detuvieron”. Después amplió que había llegado allí justamente para esperar esa sustancia, debido a que Canteros trabajaba para varias organizaciones, recibiendo y acopiando droga.

“Lo mío era la cocaína con la que me agarraron el 13 de agosto, con lo otro no tengo nada que ver. Pero claro, aprovecharon para meterme la droga - por los 1779 kilos de marihuana en la chacra de Canteros - y lo peor de todo, el muerto”. Aseguró que no hay elementos probatorios para condenarlo y que “no voy a permitir que me tiren delitos encima para que me pudra en la cárcel”.

La conspiración en su contra, según El Negro, está encabezada por el juez Miguel Ángel Guerrero - a cargo de esa investigación y el magistrado que decidió enviarlo a Ezeiza en 2019 debido a su perfil de alta peligrosidad y sospecha de intentos de fuga - y “la mano negra de la politica”.

Con un amplió conocimiento del expediente, argumentó que si Prefectura Naval Argentina y las autoridades del Juzgado Federal de Eldorado que lo venía siguiendo desde hace varios días debieron haberlo detenido en razón de que ya contaba con un pedido de captura internacional por el doble crimen de El Acuerdo, ocurrido en diciembre del 2015. Por ese hecho fueron acribillados Sebastián Vega (35) y Rodrigo Ibarra (37).

“Ese señor - se victimizó en referencia a Guerrero - me hizo sufrir demasiado, me quiso incriminar y meter preso toda la vida”. Insistió que estuvo en el lugar y vio el asesinato a Canteros, quien supuestamente estaba muy nervioso y le refirió que tenía “unos problemitas” cuando él preguntó. Pero salió corriendo luego de decirle a los asesinos “no me tiren que no tengo nada que ver, yo vengo a buscar lo mío”.

Canteros recibió 4 disparos, todos a corta distancia. Uno en la boca, otro en la frente y los demás en la rodilla y el abdomen. El arma utilizada fue una Bersa 9 milímetros que fue incautada en la casa de su ex suegro, abuelo de su hijo, algo que no pudo justificar. Sólo se limitó a decir que si él hubiera cometido el crimen se iba a desligar de esa prueba y deslizó que pudo haber sido plantada.

“Yo no maté a Canteros. Se pusieron de acuerdo entre la Justicia Federal y la provincial para incriminarme y nunca me incautaron una bala, ni una vaina”, exclamó. Más tarde, ante la consulta de Uriona de Procunar, afirmó que reconoció al asesino pero estaba impedido de decir quién era por la seguridad de su familia.

El PCF
Tras denunciar que fue víctima de apremios y torturas, al punto de hablar con la voz quebrada como si iba a llorar, relató que lo ingresaron en una celda de castigo de 3x2 durante 20 horas al día por tres meses cuando fue trasladado desde Misiones a Buenos Aires en octubre del 2019.

Con esto argumentó que no estaba en condiciones ni contaba con los medios para organizar los seis movimientos de drogas que fueron interceptados por las escuchas.

“Pasé de ser un sicario, porque eso era según los medios, a un capo narco con relaciones con el PCC, Comando Vermelho y Bala Na Cara”, ironizó sobre el ascenso que le atribuyen. .

Sobre las grabaciones, algunas de ellas reproducidas por El Territorio este domingo, hubo un doble ataque. Señaló que son un delito en el que incurre la Justicia porque violan la intimidad de las personas y después atacó la veracidad de las mismas argumentando que pudieron ser generadas por inteligencia artificial, dando como ejemplo audiovisuales donde Messi recita poesía.

“Todas las causas narcos que tiene la Procunar son en base a escuchas telefónicas. persecuciones telefónicas que hoy se pueden falsificar”, atacó.

Finalmente, luego de un cruce con el juez Alonso por las constantes idas y venidas del acusado, que además de describir conspiraciones nombró varias causas conexas y negó vínculos con otros actores como sus coimputados en el plan para matar al juez Verón, su declaración acabó y se hizo paso a las preguntas por parte del Ministerio Público Fiscal y la defensa.

El debate terminó luego de un ofuscado pedido de las defensas, quienes plantearon que por la complejidad de la causa está coartado el derecho a defensa si los acusados participan de forma remota. Jueces y fiscales manifestaron ante eso que esa cuestión fue saldada antes del inicio del juicio. Además, Procunar señaló que Rojas fue calificado por el Servicio Penitenciario Federal como un interno de alto riesgo, lo que obliga a reducir al mínimo su traslado.

Por una cuestión de agenda, la continuidad del proceso no tiene fecha establecida aún.

 

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