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Martes, 07 de julio

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La causa judicial que investiga a efectivos policiales de diferentes fuerzas por liberar las rutas a camiones sojeros a cambio de importantes sumas de dinero se va a investigar en la provincia de Misiones, luego de la determinación de la Cámara de Apelaciones de la provincia de Corrientes. Como informó El Territorio en febrero de este año, el titular del Juzgado Federal Dos de Corrientes, Carlos Vallejos, se declaró incompetente en razón del territorio en la investigación. A grandes rasgos, consideraba que el contrabando de los granos se concretaba en Bernardo de Irigoyen y es por eso que le correspondía investigar a su par de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero. Oportunamente Guerrero rechazó también la competencia, a lo que el órgano de alzada debía zanjar la situación. Las defensas incluso en su momento expresaron que la investigación le correspondía al Juzgado Federal de Posadas y que no había delito federal, por lo que debería investigar la Justicia ordinaria, aunque todo esto fue desestimado. Finalmente, fuentes del caso confirmaron que el órgano de alzada hizo lugar a la inhibición de Vallejos y la investigación seguirá en la Capital del Trabajo. Como viene informando este medio, los detenidos son ocho, entre los que se encuentran efectivos de la Policía de Misiones, de la Policía de Corrientes, Gendarmería Nacional y Policía Federal. La mayoría se encuentra en libertad, pero con un procesamiento firme dispuesto por la misma Cámara, lo que quiere decir que la causa está más que avanzada. Restarían por incorporarse algunos elementos, pero según los jueces de Apelaciones “de dicha organización formarían parte más personas, que integrarían diversas fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones y Corrientes, e incluso, de las fuerzas federales como Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina”. Uniformados Entre los implicados se destaca la participación de Jorge Lópes, un civil con conexiones para la exportaciones de los granos a Brasil que tiene un galpón en la frontera seca, en la mencionada localidad al Norte de la provincia. Lo que se reconstruyó es que él le abonaba dinero a Ricardo Abel Koning, de PFA con prestación de servicios en Posadas para que los camiones puedan eludir los controles, sobre todo los tributarios de ATM. Siempre según la investigación de la Justicia Federal, era el principal organizador de la asociación ilícita. Le daba directivas de dónde posicionarse a los otros integrantes para que los cargas circulen libremente y que reporten la presencia de patrullas policiales. También recibía dinero y recorría los caminos por donde pasaban los camiones Adrián Escarlata, de GNA con domicilio y varios emprendimientos en Apóstoles. El gendarme ofrecía esos servicios a los camioneros, para luego cobrarlos y dividir esas ganancias con los demás involucrados. El dinero que cobraban era impresionante: “Le saqué doscientos mil pesos con la cédula de los camiones acá porque me van a dar más plata”, dijo en una de las conversaciones telefónicas que fueron intervenidas. Los efectivos de la Policía de Misiones involucrados en esta maniobra son Ramón Brítez y Martín Polcowñuk, también con prestación de servicios en Apóstoles al momento de su detención. El primero también ofrecía lo que en la causa está descrito como “pase” a la provincia de Misiones por los caminos secundarios de San José o Apóstoles. Polcowñuk, en tanto, también fue señalado como un actor clave, debido a cómo aprovechaba su rol de funcionario público para que todos trabajen sin complicaciones. Se describió que “atento que los cruces de los camiones se realizarían cuando aquel se encuentra de guardia, ya que es quien tiene acceso a las llamadas que ingresan al 101 (denuncias) y tiene conocimiento de toda la actividad operativa de la Policía, alertando sobre los operativos, denuncias o desplazamientos de móviles policiales”. También se describió el rol de Franco Adrián Fariña, mecánico. A él se le atribuye el rol de “observador”, en razón de que se movilizaba por diferentes lugares para dar aviso sobre cualquier presencia que podría interferir con la logística. En cifras $ 250 mil En una de las comunicaciones interceptadas por la Justicia, el gendarme Escarlata dijo que cobró 250.000 pesos a camioneros. Las detenciones y la incautación de cocaína Los implicados fueron detenidos el viernes 11 de junio tras una redada de Gendarmería Nacional en distintas localidades de Corrientes y Misiones. La investigación, que incluyó escuchas telefónicas y seguimientos encubiertos, duró ocho meses. Según se detalló, todo se inició el 14 de octubre del 2020, luego que efectivos de Gendarmería Nacional incautaran 28 kilogramos de cocaína que estaban siendo trasladados por la ruta nacional 12, a la altura de Itatí. En aquella oportunidad los centinelas advirtieron la presencia de un Renault Megane en un camino secundario y empezaron una persecución. Finalmente el vehículo fue abandonado y en la requisa los efectivos se toparon con dos mochilas que contenían la droga. Entonces también se incautaron teléfonos celulares, que al ser analizados, revelaron la organización ilícita de sus propios colegas y efectivos de otras fuerzas.

29 Julio, 2022